NOTA DE PRENSA.

guifi.net, que dispone de una Fundación legalmente constituida y consta en el registro de operadores de la CMT, promueve desde 2004 una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral en un ejercicio legítimo de la libertad de sus participantes para comunicarse como deseen, incluyendo también la participación de las Administraciones Públicas. Es un modelo que además permite formatos de acceso gratuito a internet que a lo largo del tiempo ha demostrado una notable eficacia en el aprovechamiento de infraestructuras públicas, un aumento en la inclusión digital, y una reducción de la exclusión digital causada por los modelos de negocio comerciales tradicionales, poco sensibles al déficit de cobertura territorial o a los usuarios con pocos recursos económicos.

Hoy en día guifi.net conecta más de 10.000 hogares a través de 15.000 kilómetros de red que han construido sus participantes.

Todo ello se ha hecho a lo largo del tiempo de forma sostenible, crean do una actividad económica en la que puede participar todo el mundo y con observancia de un ordenamiento jurídico vigente que liberaliza el ejercicio de las comunicaciones electrónicas.

Durante estos años hemos observado cómo mucha gente insinuaba falsamente, ya sea por desconocimiento o mala fe, que la actividad que realizamos es ilegal, especialmente cuando participan Administraciones Públicas, circunstancia que han aprovechado deliberadamente los operadores de telecomunicaciones tradicionales para perjudicar el despliegue de la red abierta, y de una forma muy poco ética obtener contratos y ayudas de las Administraciones Públicas con ventaja y de forma exclusiva.

Desde la Fundación hemos procurado, desde hace años, trabajar para resolver esta situación de buena fe y con paciencia dialogando con las diferentes Administraciones competentes en el asunto, incluyendo la propia CMT.
Sin embargo, la CMT, con la circular 1/2010, con la manera en que la divulga e ignorando todas las advertencias que les hemos dirigido, bien lejos de resolver esas circunstancias que nos causan perjuicio, acentúa la incertidumbre jurídica que sufren las Administraciones Públicas cuando se relacionan con los que defendemos la red abierta, mientras que en cambio facilita su relación con los operadores que ejecutan un modelo de negocio tradicional y exclusivo. Creemos que con ello la CMT se doblega a los argumentos y los intereses de unos pocos pero poderosos grupos de presión e intereses comerciales, omite sus obligaciones fundamentales al causar indirectamente una discriminación hacia quienes promovemos la red abierta, obstaculiza la libre competencia, la innovación y las redes de nueva generación, y que además es contraria al ordenamiento vigente, incluyendo la Ley General de Telecomunicaciones, la Constitución Española y las Directivas Europeas en materia de Telecomunicaciones, a su acceso, la libre competencia y libertades fundamentales.

Por esto motivo, en defensa de los intereses de la red abierta, de los profesionales y empresas que trabajan en ella, de las Administraciones Públicas que participan y, sobre todo, de la libertad de los ciudadanos, no hemos tenido ninguna otra salida que interponer un recurso de reposición contra esta normal, confiando que con ello la CMT enmiende esta situación de forma satisfactoria para todos.